El pasado jueves 29 de marzo, durante el desarrollo de los piquetes
informativos de la Huelga General fueron detenidas varias personas en la
capital catalana. Estos detenidos fueron trasladados a la Comisaría de
Las Cortes, bajo la acusación de desórdenes públicos y otros cargos.
Todo apuntaba que tras las declaraciones serían puestos en libertad a la
espera del juicio. Poco a poco, la mayoría de detenidos y detenidas
fueron puestos en libertad.
Desgraciadamente, las y los abogados
comunicaron que, por presiones del Ministerio Fiscal desde Madrid, la
jueza responsable del caso decretó prisión preventiva para tres de los
detenidos, Isma, Dani y Javi , uno de ellos militante de EUiA. La
resolución se apuntala en el razonamiento de que estas personas podrían
reincidir en sus actividades “antisistema” si siguen en libertad,
incluso se llega a declarar que el encarcelamiento evitará que “puedan
actuar ante la cumbre del BCE que se celebrará en Barcelona”.
Desde el Consejo Político Federal de IU queremos denunciar lo siguiente:
-Estas
detenciones han sido totalmente arbitrarias y se han producido con la
voluntad política de marcar un precedente de cara a futuras
movilizaciones ciudadanas, instaurando con ello un régimen de miedo que
frene las protestas legítimas.
-La desproporcionalidad del
dictamen judicial tienen como objetivo criminalizar a través de estas
detenciones a las movilizaciones sociales que están en creciente apogeo,
especialmente las protagonizadas por la juventud. Los tres detenidos
son jóvenes que participan socialmente de manera legítima y necesaria a
través de varias organizaciones, entre ellas Izquierda Unida y en
ningún caso pertenecen a ninguna “Red organizada para provocar
disturbios”, tal y como ha declarado la jueza.
-Izquierda Unida
no apoya las acciones violentas en las movilizaciones sociales, pero no
comparte que la represión policial sea el mecanismo de solución de este
tipo de conflictos, provocados en gran medida por el descontento social y
por las situaciones de extrema necesidad que estamos viviendo la
mayoría social.
Por tanto, exigimos que prevalezca la presunción
de inocencia y la puesta en libertad inmediata de los tres jóvenes, dado
que la prisión preventiva se ha decretado sin base real y responde a un
intento de criminalizar la sociedad civil que se organiza legítimamente
para reivindicar sus derechos.
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