lunes, 2 de abril de 2012

IU denuncia el insólito dictamen de prisión preventiva aplicada a tres de los detenidos en la jornada de Huelga General en Barcelona

El pasado jueves 29 de marzo, durante el desarrollo de los piquetes informativos de la Huelga General fueron detenidas varias personas en la capital catalana. Estos detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Las Cortes, bajo la acusación de desórdenes públicos y otros cargos. Todo apuntaba que tras las declaraciones serían puestos en libertad a la espera del juicio. Poco a poco, la mayoría de detenidos y detenidas fueron puestos en libertad.

Desgraciadamente, las y los abogados comunicaron que, por presiones del Ministerio Fiscal desde Madrid, la jueza responsable del caso decretó prisión preventiva para tres de los detenidos, Isma, Dani y Javi , uno de ellos militante de EUiA.  La resolución se apuntala en el razonamiento de que estas personas podrían reincidir en sus actividades “antisistema” si siguen en libertad, incluso se llega a declarar que el encarcelamiento evitará que “puedan actuar ante la cumbre del BCE que se celebrará en Barcelona”.

Desde el Consejo Político Federal de IU queremos denunciar lo siguiente:

-Estas detenciones han sido totalmente arbitrarias y se han producido con la voluntad política de marcar un precedente de cara a futuras movilizaciones ciudadanas, instaurando  con ello un régimen de miedo que frene las protestas legítimas.

-La desproporcionalidad del dictamen judicial tienen como objetivo criminalizar a través de estas detenciones a las movilizaciones sociales que están en creciente apogeo, especialmente las protagonizadas por la juventud.  Los tres detenidos son jóvenes que participan socialmente de manera legítima y necesaria a través de varias organizaciones, entre ellas Izquierda Unida y en  ningún caso pertenecen a ninguna “Red organizada para provocar disturbios”, tal y como ha declarado la jueza.

-Izquierda Unida no apoya las acciones violentas en las movilizaciones sociales, pero no comparte que la represión policial sea el mecanismo de solución de este tipo de conflictos, provocados en gran medida por el descontento social y por las situaciones de extrema necesidad  que estamos viviendo la mayoría social.

Por tanto, exigimos que prevalezca la presunción de inocencia y la puesta en libertad inmediata de los tres jóvenes, dado que la prisión preventiva se ha decretado sin base real y responde a un intento de criminalizar la sociedad civil que se organiza legítimamente para reivindicar sus derechos.

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